Por Jaime Beltrán, sociólogo.
No era un fenómeno nuevo. Es más, si se revisa con atención algunos estudios de opinión al respecto, nos habríamos dado cuenta que la bajísima confianza de la ciudadanía en las instituciones era un tema de larga data. Lo anterior, corroborado por algunos sondeos dados a conocer durante la última semana y que han tenido múltiples interpretaciones. Desde los nunca faltantes agoreros de la penumbra que ven un posible descalabro del sistema institucional, hasta quienes pensamos que la presente crisis se presenta como una oportunidad para profundizar y entregar mayores niveles de transparencia a nuestra democracia.
Sin embargo, el fenómeno de descrédito que aqueja a las instituciones en la actualidad, se ve como un presente complejo. Y es asunto de recrear cualquier conversación actual sobre las estructuras de poder y el manejo del Estado, ya sea en las plataformas virtuales de intercambio de opinión como Facebook o Twitter o en el espacio público. Siempre observamos con perplejidad que en su mayor parte, los conceptos de política, justicia o economía están asociados a un fuerte rechazo. Los que con mayor o menor argumentación parecen tener la misma raíz y que no es otra que una permanente desconfianza en el rol de las instituciones, sean ligadas a lo público como a lo privado. Y que para peor, se ha visto fortalecida con los acontecimientos del último tiempo, que han venido a sacar de las sombras la estrecha relación que el dinero y la política ha desarrollado durante los últimos años.
Con respecto a la evolución negativa de la confianza ciudadana, se pueden citar los estudios realizados por el Barómetro del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea que encontramos resumidos en el libro “La democracia semi-soberana: Chile después de Pinochet”, del abogado y politólogo Carlos Huneeus, que explica la curva descendente y la disminución de quienes se inclinan por las alternativas “mucha” y “bastante confianza” al ser consultados por su percepción en las siguientes instituciones: Poder Judicial, si el año 1996 un 44 por ciento era la sumatoria entre quienes se inclinaban por las opciones antes descritas, el 2013 eran sólo un 20 por ciento; algo similar sucede con el Senado y la Cámara de Diputados, que en 1996 sumaban un 27 y 26 por ciento respectivamente, llegando a 2013 con un 20 y 17 por ciento para cada institución; finalizando con la confianza en los partidos políticos que cayó de un 14 por ciento en 1996 a un 10 por ciento el 2013.
Si bien los números anteriores nos señalan un antecedente más sobre la caída de la confianza en instituciones que deberían presentar mayores niveles de legitimidad en la ciudadanía, caer en situaciones de alarmismo es demasiado exagerado, sobre todo si se pretende hacer un diagnóstico serio del problema. Porque no está de más recordar, que la institucionalidad legal, mediante investigaciones del Ministerio Público, ha permitido destapar los casos conocidos como Penta o Soquimich e incluso perseguir las aristas del negocio realizado desde la empresa Caval. Concluyendo que los marcos legales aún tienen la suficiente fuerza para regular el accionar público y privado, pero de la misma forma y a la vez que la justicia lleva adelante sus procesos contra quienes se han visto involucrados, de forma fehaciente en ilícitos, recae en la ciudadanía activa y en sus representantes la responsabilidad de canalizar la presente crisis hacia escenarios que vuelvan a posicionar las instituciones del sistema democrático como medio del sentir colectivo con las herramientas e instrumentos que aseguren la mayor representatividad y transparencia posible.